Joaquín Bernal es un experto en programación, tecnología e Internet, pero su hobby son los cuentos, siempre sorprendentes

La OCDE publicó hace unos días los resultados de su último estudio sobre la economía española, que merece la pena resumirse aquí. El mensaje que transmite es: España lo ha hecho bien, ha logrado mantener ritmos de crecimiento de su producto interior bruto superiores a la media de los países de la OCDE y lo ha traducido en empleo, reduciendo notablemente una de las tasas de desempleo más altas; pero aún presenta serios problemas que le pueden hacer perder lo que ha conseguido hasta ahora, y propone algunas medidas urgentes.
La creación de empleo en España ha sido buena, pero aún insuficiente, acusando la desaceleración de la economía mundial. Las mejoras de empleo se han logrado flexibilizando el mercado laboral, pero la OCDE llama la atención sobre el desequilibrio que existe entre la excesiva flexibilidad de los empleos temporales (más del 30% del mercado) y el elevado nivel de protección que disfrutan los empleos indefinidos. También existen desequilibrios significativos entre regiones. Recomienda que el INEM mejore el servicio de colocación y también que trate de eliminarse la fuerte inercia de indexación de los salarios que influye notablemente en la inflación, otro de los problemas crónicos.
La inflación española es persistentemente más alta que la media de la OCDE, provocando un deterioro constante de la competitividad que puede acabar afectando gravemente a la economía. Considera importante que España rebaje los beneficios de los empleados fijos y controle el abuso de los empleos temporales, entre otras razones porque la flexibilidad de las empresas para variar el factor trabajo desincentiva la formación del capital humano y la incorporación de nuevas tecnologías en la producción. Aunque reconoce que se ha dotado de recursos a los organismos de defensa de la competencia, debe incrementarse aún más el nivel de competencia, especialmente en los sectores de la distribución y la energía.
Además de eso, debe mejorarse la calidad de la educación. Opina la OCDE que el sistema educativo es regresivo siendo la educación universitaria relativamente más barata que la básica, lo que beneficia a las familias de clase media y alta. Aconseja incrementar las tasas de matrícula a cambio de conceder más becas para estudiantes con menos recursos. Esto también ayudaría a reducir la duración de los estudios, ahora excesiva. En general, debería incentivarse la calidad del profesorado, vinculando el salario y el desarrollo profesional a los resultados.
Elogia al Gobierno por haber alcanzado un equilibrio presupuestario que le permitirá hacer frente a momentos de crisis como el actual. Recomienda en estos momentos tolerar cierto déficit, aunque afirma que existe el riesgo de que éste se dispare en una de las administraciones más descentralizadas de Europa. Para prevenirlo el Gobierno ha adoptado medidas que parecen no estar vinculadas al ciclo económico, lo cuál podría suponer un efecto procíclico, poco recomendable. Además, es necesario elaborar y publicar indicadores sobre la eficiencia de la gestión de las Comunidades Autónomas.
El mayor reto a largo plazo es la reforma del sistema de pensiones dado el grado de envejecimiento de la población. La Organización recomienda que se profundice en las medidas para alargar la vida laboral y, más importante, revisar los parámetros para la determinación de las pensiones, ya que en estos momentos, los pensionistas reciben, en valor actual, más dinero del que aportaron. Un primer paso debería ser ampliar el plazo de cómputo para la pensión a toda la vida laboral y no sólo los últimos 15 años. Esta reforma es urgente, para que el sistema pueda hacer frente por si mismo al previsible incremento de las pensiones a partir del período 2015-2020.
La OCDE se refiere también al mercado inmobiliario que considera distorsionado por la política gubernamental, que favorece fiscalmente la compra de vivienda. Eso, unido a que las administraciones han limitado la oferta de terreno, ha provocado incrementos muy pronunciados del precio de la vivienda y de la proporción de activos inmobiliarios en el patrimonio familiar. La OCDE defiende una menor incentivación fiscal, que considera políticamente difícil, pero viable. Desde esta perspectiva, la aprobada concesión de deducciones fiscales a los propietarios que alquilen sus inmuebles es un óptimo de segundo orden.
La política medioambiental ha sido tímida e inefectiva para reducir la contaminación y para reducir la presión sobre el agua. En este último caso, la OCDE defiende el paso de un sistema administrado a un mercado libre que determine el precio óptimo del agua, asegurando a la vez una disciplina de pago.
Por último, se refiere también a la inmigración. Entiende que los inmigrantes no europeos han contribuido a mejorar el crecimiento de la producción y la tasa de ocupación, ocupando puestos escasamente remunerados rechazados por los nativos y facilitando la participación de la mujer gracias a la prestación de servicios domésticos. Reconoce que es difícil conjugar la necesidad de permitir la atención de la demanda de trabajadores con la inmigración ilegal. Para ello propone reforzar las inspecciones de trabajo, que complementarían a los controles aduaneros. Para la OCDE, la integración de los inmigrantes es importante tanto por razones económicas como sociales, para lo cual recomienda facilitar la posibilidad de acceder a viviendas de alquiler y ayudar a los inmigrantes a mejorar su conocimiento de los idiomas locales.